La publicidad de apuestas de cuota fija en Brasil pasó a tener frases de alerta estandarizadas. La Ordenanza SPA/MF n.º 1.964, de 3 de julio de 2026, dictada por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, la SPA/MF, órgano federal responsable de la regulación del sector, modificó la Ordenanza SPA/MF n.º 1.231, de 31 de julio de 2024, norma que establece las reglas y directrices del juego responsable y de las acciones de comunicación y marketing y regula los derechos y deberes de apostadores y operadores. Las nuevas advertencias tienen eficacia desde el 17 de julio de 2026.
Qué cambió: de la fórmula abierta a la frase fija
Antes, el operador tenía margen para redactar la alerta sobre los riesgos de dependencia y de trastorno del juego patológico. Ahora el texto lo define el propio Ministerio de Hacienda. Toda acción de publicidad, propaganda y marketing debe exhibir una de estas advertencias, en portugués:
- Ministerio da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependencia, es decir, el Ministerio de Hacienda advierte que apostar puede causar dependencia.
- Ministerio da Fazenda adverte: Apostar faz voce perder dinheiro, es decir, el Ministerio de Hacienda advierte que apostar hace perder dinero.
- Ministerio da Fazenda adverte: Aposta nao e investimento, es decir, el Ministerio de Hacienda advierte que la apuesta no es una inversión.
La advertencia debe presentarse en horizontal, de forma clara y legible, y ocupar al menos el 10% del anuncio. No se trata de un pie de página discreto: es área reservada dentro de la pieza.
La ordenanza no llegó sola
Pocos días después, la Ordenanza Interministerial MF/SECOM/MJSP n.º 73, de 10 de julio de 2026, reguló la protección del consumidor en la publicidad, la comunicación, el marketing y la oferta de apuestas de cuota fija, y estableció procedimientos de cooperación entre el Ministerio de Hacienda y los órganos de defensa del consumidor y de derechos digitales. El paquete amplió los deberes de toda la cadena de difusión: quien divulga debe verificar previamente que el operador anunciado esté autorizado, y quedan prohibidos los contenidos engañosos, el respaldo de especialistas a apuestas específicas y cualquier marketing dirigido a menores. Según el Ministerio de Hacienda, 85 empresas estaban autorizadas a operar en el mercado regulado cuando se divulgaron las nuevas reglas.
El 27 de agosto de 2026, el CONAR, entidad privada de autorregulación publicitaria, aprobó la actualización del Anexo X de su código, con criterios para presentar esas mismas advertencias de forma clara y destacada. Regulador y autorregulación pasaron a apuntar al mismo lugar.
Qué significa esto en la práctica
La lectura de Oliveira & Jacobovitz es que la estandarización trasladó el riesgo del contenido a la forma, y eso cambia el flujo de aprobación de campañas dentro de la empresa.
- La creatividad nace ahora con la advertencia. Reservar el 10% de la pieza en formatos cortos, como stories, banners de medios programáticos e inserciones en transmisiones deportivas, no es un ajuste de arte al final del proceso. Es un parámetro del briefing, so pena de rehacer la pieza.
- El cumplimiento se volvió verificable por terceros. Con frase fija y porcentaje definido, cualquiera, incluso un competidor o un órgano de defensa del consumidor, puede demostrar el incumplimiento con una captura de pantalla. El costo de equivocarse quedó a la vista.
- La responsabilidad se reparte por la cadena. Agencia, medio, plataforma, afiliado e influencer tienen deber propio de verificación previa. Los contratos firmados antes de julio de 2026 probablemente no traen cláusula de cumplimiento publicitario, derecho de auditoría ni obligación de retirada inmediata del contenido, y deben revisarse.
- Guardar prueba es parte de la rutina. Recomendamos conservar el registro de las piezas difundidas, con fecha, canal y evidencia de la advertencia aplicada. Ese acervo es el que sostiene la defensa en un proceso administrativo sancionador.
Para operadores, agencias y afiliados, es momento de auditar lo que está al aire y ajustar los contratos de la cadena. Cada caso exige análisis individual, y este texto no sustituye la orientación jurídica específica.
